JUAN DAVID ESCOBAR CUBIDES

La Jueza Penal 11 de Conocimiento de Bogotá, Paula Astrid Jiménez Monroy, durante 5 años llevó el caso Colmenares, uno de los más mediáticos de la historia legal del país. El  joven fue asesinado a golpes brutales, y recientemente el despacho dirigido por la togada decidió absolver a Laura Moreno, y Jessy Quintero, teniendo la posible certeza de que las mismas conocían al responsable del homicidio. Puede ser apresurado buscar culpables ahora, más aun encontrándose en primera instancia el proceso, lo único cierto es que a Luis Andrés lo asesinaron, y luego de absolver a Carlos Cárdenas, a Laura Moreno, y a Jessy Quintero -personas vinculadas al proceso- al asesino intelectual y material los tienen que identificar más allá de toda duda razonable, si es que no recaen sobre una misma persona, de lo contrario estaríamos inmersos en una manifiesta situación de impunidad. Para determinar al responsable de la muerte de Luis Andrés, era prioritario el apoyo de las absueltas, pero las mism

Hace unos días la Corte Constitucional sostuvo que: “No se podrán tomar medidas disciplinarias si no se demuestra, por parte del empleador, la incidencia negativa que el consumo de sustancias psicoactivas tiene sobre el cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores”. El pronunciamiento ha causado gran revuelo en los sectores laborales y en la opinión pública porque consideran inapropiada la disposición, pero, desconocen los mismos que el veredicto de la Corte no es más que una medida para salvaguardar la protección de un derecho fundamental que, en este evento, le asiste a una minoría denominada ‘consumidores’. Así las cosas, no es posible sancionar a una persona por haber consumido sustancias alucinógenas y posterior a ello se dirige a trabajar porque con dicha conducta no está afectando los derechos de ningún tercero, por el contrario está haciendo uso de su derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Cada quien tiene la posibilidad de auto-determinarse,

El nuevo código trae consigo innumerables desbarajustes toda vez que otorga poderes más amplios a los funcionarios sin consagrar un control efectivo, como si fuera poco sucede en Colombia, un país donde gran parte de los abusos provienen muchas veces de la misma policía. En primer lugar, debemos decir que, el nuevo poder discrecional de los ‘servidores’ para detener personas en las calles y retenerlos hasta por 12 horas por motivos intrascendentes, así como sancionar a un ciudadano por llevar una miserable cerveza en la mano, y desplazar a los trabajadores que deambulan por la ciudad, rebuscándose en buses, parques y demás, es efectivamente un atentado en contra de la población civil. ¿Qué pasará con los vendedores que requieren de su actividad en las calles, ya sea en buses, parques, o plazas para poder subsistir? De la misma manera, ¿qué afectación a la convivencia produce llevar en la calle una insignificante cerveza? Es triste decirlo, pero en el caso de los vendedores

Al parecer, la poderosa corruptela Odebrecht salpicó la campaña electoral “Santos Presidente 2014”, nada más ni nada menos que con la ‘módica’ suma de un millón de dólares que posiblemente terminó filtrada en la gerencia de la misma. La Fiscalía General ha manifestado que una parte del dinero recibido- como soborno- por el ex-senador detenido Otto Bula pudo resultar inyectado en las cuentas de la turbia campaña presidencial. El poderío criminal de Odebrecht ha salpicado las esferas del poder de un continente. Nunca antes se había visto una compañía con tanta eficacia para corromper la esfera estatal de toda una región. Pero ello no es lo realmente grave porque en contra de dicha compañía procederán las respectivas acciones legales, pero en contra de muchos otros que se beneficiaron de ella seguramente habrá infinita impunidad, y eso sí es preocupante. Apenas han capturado a unos pocos de muchos funcionarios que seguramente incurrieron en conductas delictivas. A decir verdad,

Previo a la revisión constitucional, el nuevo código de policía cuenta con múltiples vacíos que resultan preocupantes para todos los involucrados, principalmente para la ciudadanía. La generosa discrecionalidad para las autoridades policivas es amplia y ello se presta para notables arbitrariedades en contra de la población civil. La inexactitud en ciertas normas, y las potestades confusas para los funcionarios son la principal preocupación del pueblo colombiano; en realidad no sabemos si la situación se prestará para mejorar la convivencia pacífica de un país que en los últimos años ha cambiado, o si por el contrario se efectuará un mayor caos por la posible vulneración de los derechos y libertades individuales del conglomerado. Las multas dispuestas por esta normatividad constituyen un potencial rechazo en la sociedad, toda vez que los colombianos consideran las sanciones pecuniarias como un abuso que no tienen por qué soportar. La creencia popular radica en pensar que el nuevo

El presidente electo de Estados Unidos realizó una hermosa afirmación en su discurso de entrada a la Casa Blanca que decía lo siguiente: “El tiempo de los políticos charlatanes ha terminado, tomaremos medidas contra ellos; Llegó el momento de la acción, seamos blancos, negros o marrones, todos sangramos la sangre roja del patriotismo y todos saludamos a la maravillosa bandera americana; Ustedes americanos, nunca serán ignorados de nuevo”. Afirmación que me causó asombro y extrañeza, en realidad no esperaba escucharla por parte de ese personaje. Quien analiza tan bello aparte del discurso podría pensar que Trump será un hombre incluyente, demócrata, y solidario, sin embargo los hechos demuestran todo lo contrario, porque sus ataques dirigidos a la población latina y demás son propios de un sujeto abusivo, humillante, excluyente, y sobretodo prepotente; actitudes semejantes a las de un gobernante autoritario y desmesurado. Lo cierto es que el nuevo mandatario ha manifestado sin áp