JUAN DAVID ESCOBAR CUBIDES

Las drogas son un cáncer que debemos derrotar. No puede haber vacilaciones ni indulgencias frente a un flagelo que, de manera espuria despedaza los cimientos más sagrados de la condición humana.   Para nuestro infortunio, observamos que la droga destruye hogares, familias, sueños, metas, proyectos, ilusiones y todo aquello que sea positivo para la vida comunitaria. La drogadicción es aquel demonio que corroe el bienestar y la integridad de las personas, pues son pocos quienes salen bien librados cuando caen en el consumo de drogas. Y ningún ser humano puede desempeñarse y relacionarse debidamente en la sociedad padeciendo deficiencias mentales.  Efectivamente, ello es lo que ocasionan las drogas: enfermedades mentales desastrosas, dado que las neuronas y el sistema nervioso disminuyen con su idóneo funcionamiento, la capacidad de circulación se estanca y la energía vital del ser humano se desvanece con alterados comportamientos de ira, depresión, pereza y desidia. ¡Una reali

La política antidrogas del Estado debe proteger a los consumidores para contribuir con su rehabilitación sin que medie algún matoneo, repudio, linchamiento o sanción social.  La política antidrogas propuesta por el Gobierno Nacional resulta sumamente acertada según la realidad que aqueja a la juventud colombiana. Día a día somos testigos de la infinidad de jóvenes adolescentes que sufren las consecuencias de recaer en un flagelo potente que, sin misericordia alguna destruye las vidas, los hogares y las familias colombianas. El consumo de sustancias alucinógenas se incrusta en el sano desarrollo de los jóvenes para arrebatarles la felicidad, sus sueños, metas, y proyectos de vida. La droga se presenta como un demonio encubierto de diversión para corroer todos los aspectos positivos de la condición humana. No puede haber tranquilidad, concentración y superación en el crecimiento de una nueva generación, cuando esta se encuentra extraviada por los vicios momentáneos.   Te

El país exige desde hace años una reforma sustancial y estructural al sistema jurisdiccional, toda vez que la Constitución Política de 1991 no pasó la prueba frente al funcionamiento de este. Y ello es un motivo de peso suficiente para preocuparse y rasgarse las vestiduras. Sin justicia estaríamos condenados, por siempre, al fracaso y a la violencia comunitaria. Cuando en un país no hay una recta administración e impartición de justicia sólida, pronta, eficaz y oportuna no encontraremos nunca paz, tranquilidad, ni convivencia pacífica en la sociedad. La justicia está por encima de todo, prevalece incluso, ante cualquier anhelo de paz; es por esta razón que resulta imposible imaginar armonía en el conglomerado social cuando nos encontramos inmersos en situaciones de vulnerabilidad. Las consecuencias de un mal funcionamiento en el aparato judicial conlleva a grandes conflictos entre los administrados, pues bien sabemos que el proceso judicial es la manifestación más pacífica y

En el año 2017 la Corte Suprema de Justicia realizó algunas precisiones que arrojaron una nueva interpretación sobre la dosis personal de estupefacientes. La misma consistió en indicar que el consumidor o adicto a estupefacientes contaba con la posibilidad de portar una cantidad diferente a la legalmente establecida como dosis personal, siempre y cuando fuera para su aprovisionamiento y no existiere evidencia que indicara tráfico de las sustancias ilícitas. Dicha disposición jurisdiccional tuvo lugar luego de que se absolviera a un procesado que fue detenido aproximadamente hace cuatro años por la Policía Nacional en el municipio de Bello (Antioquia), donde luego de efectuar una requisa, le fue hallada una bolsa plástica en su ropa que contenía 5,7 gramos de cocaína. Frente a ello, determinó la Sala Penal de la Corte Suprema, que la Fiscalía no logró demostrar en la conducta del particular el ilícito de portar determinada cantidad de estupefacientes- la cual superaba claramente

El proceso de paz del otrora presidente Santos con las Farc solo ha traído disgusto y desprecio por parte de los colombianos. La impunidad y la elegibilidad política para los jefes del grupo terrorista han sido tomadas de manera negativa en diversos sectores del Estado colombiano. Hay quienes se atreven a mencionar que, contar con responsables de crímenes atroces en el Capitolio Nacional traerá consecuencias funestas para la democracia, pues resulta difícil soportar a una caterva de bandidos echando discursos sobre lo correcto, sobre la ética y la moral. El cinismo es proverbial dado que todos identificamos en los congresistas de Farc a unos asesinos de alta peligrosidad. ¿Cómo creerles aunque sea un ápice de honestidad en sus peroratas?   Como si fuera poco, nos hemos enterado de que algunos integrantes del Congreso sienten temor de discrepar o debatir vehementemente con esos sujetos, puesto que hay parlamentarios que prefieren ignorarlos por temor a sufrir las represalias de