Previo a la revisión constitucional, el nuevo código de policía cuenta con múltiples vacíos que resultan preocupantes para todos los involucrados, principalmente para la ciudadanía. La generosa discrecionalidad para las autoridades policivas es amplia y ello se presta para notables arbitrariedades en contra de la población civil. La inexactitud en ciertas normas, y las potestades confusas para los funcionarios son la principal preocupación del pueblo colombiano; en realidad no sabemos si la situación se prestará para mejorar la convivencia pacífica de un país que en los últimos años ha cambiado, o si por el contrario se efectuará un mayor caos por la posible vulneración de los derechos y libertades individuales del conglomerado.
Las multas dispuestas por esta
normatividad constituyen un potencial rechazo en la sociedad, toda vez que los
colombianos consideran las sanciones pecuniarias como un abuso que no tienen
por qué soportar. La creencia popular radica en pensar que el nuevo código no
fue creado para preservar el orden y la convivencia social, sino para captar
más recursos de los colombianos, con el fin de incrementar el presupuesto del
erario nacional. Si esa es la concepción del pueblo resulta complejo imaginar
que la nueva normativa será eficiente y exitosa, porque más que imponer multas
por doquier, lo que deberían hacer con antelación es abrir espacios para la
pedagogía y la cultura ciudadana; de
esta manera seguramente muchos no sentirían inseguridad y desconfianza con el
nuevo proyecto.
Sin embargo, aspectos como la
sanción por desafiar a una autoridad de policía que genera una multa de
$786.880 en un país donde son abundantes las provocaciones de los mismos
policías- por no mencionar otros menos graves- es tal vez la principal
arbitrariedad en contra de la población. Me pregunto: ¿Quién estipulará cuando
un ‘desafío’ a la autoridad es merecedor de la sanción? La respuesta es simple,
pues el mismo policía de manera discrecional, lo que resulta totalmente abusivo
porque es sabido que muchos aprovecharán esa potestad como represalia en contra
de aquel que se atreva a cuestionarlo. Entonces, ¿Dónde queda la libertad de
expresión, y la facultad de los ciudadanos de manifestar respetuosamente una
inconformidad? ¿No se prestará esto para vulnerar el debido proceso de los
ciudadanos? ¿Cómo hará un ciudadano en este evento para demostrar el respectivo
abuso de autoridad? Todas estas preguntas el tiempo las resolverá, por lo
pronto, es factible que se generen notables perjuicios para la ciudadanía.
Por otra parte, es conocido por
todo el país la excesiva miseria en la que viven los denominados patrulleros,
razón por la cual, el trabajo de muchos de ellos consiste no en preservar el
orden público y la estabilidad, sino en recorrer las calles buscando algún
sujeto que cometa el más mínimo error para retenerlo con el fin de solicitarle
sutilmente alguna suma de dinero y a cambio de ello dejarlo seguir. Mientras
tanto los bandidos se pasean por todo el territorio como Pedro por su casa.
Debo confesar que este nuevo código de policía, me preocupa por algunas de sus
estipulaciones, ojalá esté equivocado, pero considero que se presentarán
fuertes discordias entre la fuerza pública y la población. Particularmente he
padecido múltiples abusos por parte de agentes de policía en las calles, y
todo porque no accedo a darles dinero.
Próximamente estaré analizando otros puntos relevantes. La idea no es
desprestigiar sino construir pedagogía.
Comentarios
Publicar un comentario