Dentro del malsano ejercicio de lo público debería ser un deber moral de los políticos colombianos asignar parte importante de su salario para la elaboración y ejecución de obras sociales. Así mediríamos dos aspectos: el primero, la verdadera vocación de servicio y solidaridad con la que debe contar un servidor público, y el segundo, la transparencia de la que tanto se ufanan algunos. Y es que en un país como el nuestro en el que abundan los politiqueros de profesión, resultaría inaudito que uno de ellos se atreviera a meterse la mano al bolsillo para contribuir con el bienestar social de los colombianos. Empero, observamos paradójicamente como los corruptos se apropian del dinero del erario que no les corresponde, bien sea a través de la contratación estatal o por vía de las coimas. En Colombia los corruptos de roban anualmente entre $22 y $24 billones, al mes $1.8 billones y diariamente se roban $64 mil millones de pesos. Cifras vulgarmente alarmantes. ¿Logran ustedes dimensionar
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