JUAN DAVID ESCOBAR CUBIDES

Sectores allegados al Gobierno Nacional han solicitado a la Corte Constitucional avalar el ‘Fast Track’, legislación rápida y efectiva que le otorga más poder al Ejecutivo y al Legislativo. La idea de los promotores de esta figura es eliminar el proceso de refrendación por considerarlo irrelevante, algo totalmente falso porque este es el garante de la democracia en la medida en que con él se consulta la opinión del pueblo, reflejada en la aprobación o desaprobación del nuevo acuerdo de paz. No es un secreto que pretenden ‘pasarse por la galleta’ a todos los colombianos con el fin de implementar los puntos pactados, supuestamente re-formulados, pero que aún continúan plagados de múltiples desajustes en temas trascendentales como justicia, participación política y desarrollo agrario. La Corte Constitucional como garante de la democracia y de las instituciones debe denegar dicha petición, ya que no es factible impedirles a los ciudadanos pronunciarse nuevamente sobre un tema de int

La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en Colombia. Ser magistrado es una dignidad que merece todo el respeto y admiración, porque representa la máxima honorabilidad e integridad de la administración de justicia. Así,  entendemos, utópicamente, el prestigio de dicha institución. Sin embargo, desde el ámbito práctico la realidad nos muestra todo lo contrario porque la actuación de la misma se ha convertido en un abrupto permeado de abusos e injusticias, y ello se debe a la denominada “politización de la justicia”. La Rama Judicial debe ser imparcial e independiente de las demás ramas del poder público, ya que los jueces fallan con base (exclusivamente) en derecho y no en política. Según el artículo 230 de la Constitución Nacional estos funcionarios sólo están sometidos al imperio de la ley, y a criterios auxiliares para impartir la función de administrar justicia. Pero en la práctica observamos que la Corte omite los mandatos constitucionales

La actual reforma tributaria es un desmán ejecutado por el Gobierno Nacional ostentando su poder político y económico, en contra de todos los colombianos, causándoles un grave daño y/o perjuicio irremediable en el patrimonio. Lo que lo convertiría en el principal y directo responsable del detrimento que sufran los contribuyentes, con complicidad de los partidos políticos que apoyaron la reforma organizada recientemente. Si se pretende implementar una adecuada reforma tributaria, el Gobierno debe desarrollar una política de planeación estratégica que supere los sesenta años. Esto con el fin de evitar que el erario se pierda por la corruptela y el derroche de recursos. Dicha planeación debe priorizar con los derechos sociales  (salud, educación, vivienda, desarrollo agrario, infraestructura, y agua potable) los cuales son premisa fundamental en un Estado Social y Democrático de Derecho.  Lo anterior con el fin de replantear un buen presente y un mejor futuro. La Admini

El clima político colombiano se encuentra por estos días, totalmente agitado, y no es para menos, ya que, el Gobierno Nacional ha manifestado vehementemente su intención de implementar, un nuevo acuerdo de paz de manera inmediata, lo cual, no cae nada bien en la oposición, ni en el pueblo que se pronunció negativamente en el plebiscito del pasado 02 de Octubre. Las declaraciones del presidente Santos, son para algunos, objeto de discordia y provocación, es claro que la población y algunos sectores de la oposición, no están dispuestos a tolerar una implementación arbitraría de un nuevo acuerdo que no esté refrendado por la voluntad popular. El afán del Gobierno por reglamentar el texto es inminente, y por ello, el presidente ha tratado de obrar con la mayor celeridad posible, sin embargo, esto le ha ocasionado un notable incremento de impopularidad, porque la mayoría no concibe ni permite que el mandatario de esta nación, asuma posturas propias de un gobernante autoritario al que

La actual reforma al sistema tributario, puede traer grandes perjuicios sobre la inversión y el empleo. El Gobierno Nacional, pretende organizar sus cuentas y su presupuesto. Ello es acertado, en tanto es su deber legal y constitucional, sin embargo, es un abuso que lo haga a través de una política fiscal contraccionista.  La organización del presupuesto, jamás puede realizarse a costas de la actividad privada, ya que es esta la que genera empleo, oportunidades y progreso en la sociedad. Atentar contra ella, es reducir el desarrollo socio-económico de la población, lo que conlleva a un potencial retroceso monetario. La industria y la sociedad colombiana, terminarán pagando los costos de la ineptitud del Gobierno Nacional, pues es factible observar que en los últimos años se ha presentado en Colombia, una gran recesión económica, así como múltiples operaciones, encaminadas a perjudicar el sistema fiscal. La afectación a la economía es evidente, y el Gobierno lo sabe, razón po