El nuevo código trae consigo
innumerables desbarajustes toda vez que otorga poderes más amplios a los
funcionarios sin consagrar un control efectivo, como si fuera poco sucede en
Colombia, un país donde gran parte de los abusos provienen muchas veces de la
misma policía.
En primer lugar, debemos decir
que, el nuevo poder discrecional de los ‘servidores’ para detener personas en
las calles y retenerlos hasta por 12 horas por motivos intrascendentes, así
como sancionar a un ciudadano por llevar una miserable cerveza en la mano, y
desplazar a los trabajadores que deambulan por la ciudad, rebuscándose en
buses, parques y demás, es efectivamente un atentado en contra de la población
civil. ¿Qué pasará con los vendedores que requieren de su actividad en las
calles, ya sea en buses, parques, o plazas para poder subsistir? De la misma
manera, ¿qué afectación a la convivencia produce llevar en la calle una
insignificante cerveza?
Es triste decirlo, pero en el
caso de los vendedores ambulantes, estos serán los más perjudicados, porque
difícilmente encontrarán un lugar para laborar, ya que el código no trata un artículo que consagre
la re-ubicación de esos dolientes. Ahora bien, recibir una multa por llevar una
cerveza en la mano es la sanción más absurda y desproporcionada que un ciudadano
puede soportar, más aun en un territorio como el nuestro, donde ello es
característico de la idiosincrasia tradicional.
¿Qué colombiano no ingiere una cerveza en la calle en medio del calor? ¿Cuántas personas serán sancionadas por el mismo hecho? ¿Cuánto dinero recibirá la administración por cuenta de esta medida? ¿Cuál es la finalidad detrás de su implementación? En realidad puede ser para todo, menos para salvaguardar la convivencia pacífica; es evidente que el fin no es la prevención, sino la desmesurada coacción, y la misma es nefasta, porque ello sí afecta la estabilidad y la tranquilidad de cualquier población. Sabemos que es fundamental fortalecer las funciones de vigilancia y control en la comunidad, pero para cumplir dicho cometido no es necesario incurrir en actos de opresión.
En segundo lugar, otros aspectos
como el artículo 53, que versa sobre las reuniones y manifestaciones públicas
en el espacio público, constituye un límite para las libertades de los
ciudadanos, muchos consideramos innecesario darle aviso a la autoridad
administrativa del respectivo territorio para expresar una manifestación, así
no se garantizará la convivencia, sino que se generará más represión entre la
ciudadanía. ¿Cuál es la justificación razonada para informarle al alcalde de un
municipio la realización de una manifestación? ¿Qué sucede si la manifestación
pacífica va dirigida precisamente en contra de esa primera autoridad
administrativa a la que hay que informarle la realización de la misma? En
realidad resulta ambigua la situación, porque no sabemos si con ello mejorará
la estabilidad del orden público, o si se se presentarán más abusos que
quebrantarán la esencia de la democracia. Particularmente consideramos más
probable que se presente la segunda opción que la primera.
No obstante, debemos reconocer
que no todo es malo, también hay puntos rescatables de la nueva normativa, como
el control a las casas de citas y prostitución, el cuidado a la adolescencia y
a los menores de edad, y la posibilidad de grabar legalmente cualquier
procedimiento policivo, pero, infortunadamente son más los aspectos negativos
que los positivos, y lo que es negativo desdibuja la buena esencia de lo
positivo. En resumidas cuentas, es mayor la afectación que el beneficio, por
ello ha sido pertinente las demandas que se han formulado en contra del código
y sus terribles disposiciones.
Por lo pronto, los policías están gozando de un mundo feliz.
Si anteriormente obtenían medianas pero buenas sumas de dinero a cambio de
perdonarle a un sujeto el más mínimo error, ahora captarán innumerables
recursos porque cuentan con un amplio poder discrecional, otorgado por una mala
disposición legal. Así pues, no habrá quien pueda limitar los arbitrios de esta
autoridad. Es ahí donde está el terror; en tener que resistir los
desmanes de una mayoría de funcionarios que generalmente solo les interesa
obtener recursos para mejorar las condiciones de sus escuetos bolsillos,
olvidando preservar el orden y la estabilidad.
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