JUAN DAVID ESCOBAR CUBIDES

El voto programático para alcaldes y gobernadores está establecido en Colombia a partir de la Constitución de 1991 por un periodo de cuatro años. Así se estipuló y así debe mantenerse por el bienestar de nuestra democracia. Los electores más que por un nombre, votan por una propuesta determinada, por tanto, no puede ni debe modificársele   a los representantes que estos eligen, el término de gestión para ejecutar un programa de gobierno determinado. Ello además de inconstitucional es arbitrario con los grupos y movimientos alternativos que esperan integrar una contienda para gobernar. Además, para todas las regiones y municipios es positivo que haya constante renovación en sus gobernantes, pues así se satisfacen con mayor probidad las necesidades ciudadanas que surgen en medio de la descentralización administrativa. Es por esto por lo que resulta más que desacertado atornillar en el poder a algún mandatario local o regional. Y así se traduce porque bien sabemos que, la clave par

Recientemente se aprobó el presupuesto para el año 2019 por una suma total de $258,9 billones de los cuales más de $51 billones estarán destinados para responder con la deuda de 4,8 % del PIB. El balance se traduce en un aspecto aparentemente positivo porque dichos recursos del 10,9 % son sustancialmente superiores a los del presente año. Encontramos que para la educación se aprobaron $41,4 billones, seguido por Defensa con $33 billones, y para Salud con $32 billones. Como bien lo reflejan las cifras, la prioridad actual del Gobierno Nacional es contribuir con más dinero para la educación de todos los colombianos, pues aquella como derecho colectivo debe ser prioridad en un Estado Social. No obstante, consideramos que ello no es suficiente para darle un tratamiento óptimo a la crisis coyuntural que padece nuestro sistema educativo, dado que   se quedan cortos para proporcionarle una solución adecuada al caos. Verbigracia, en materia de educación pública superior un déficit que a

Que no nos quepa la menor duda: Colombia requiere de manera urgente una reforma política que combata de tajo la corrupción electoral.   Y así debe surtirse cualquier reforma que vaya a tramitarse en un Estado de Derecho como el nuestro. Sin embargo, luego de conocer el proyecto de acto legislativo No. 9 de 2018 por el cual se pretende adoptar la misma,   encontramos una gran deficiencia que, quieran o no, es adversa al sentido de un sistema democrático libre, participativo y pluralista como el colombiano.   Se ha dicho que la intención del Gobierno Nacional con el   proyecto en mención es, supuestamente eliminar el voto preferente, llevando a la reducción en los costos en todas las etapas del proceso, donde se promueva el partido o movimiento y no candidatos particulares. Asimismo, pretende el presidente Duque establecer un control sobre las campañas dizque más eficiente y con mayores facilidades para el votante, lo cual, en principio parece positivo, no obstante, diferimos en a

La política es el arte de gestionar los recursos para garantizar los derechos sociales y económicos de los pueblos. Los gobernantes son aquellos sujetos que toman las decisiones más importantes dentro de la sociedad, correlativamente, los gobernados son quienes están sometidos a la voluntad del soberano que, en este evento, es el mismo gobernante. Comprendemos, entonces, que quienes toman las decisiones más importantes dentro de la sociedad son asignados mediante voto popular por los gobernados, presentándose así una dualidad entre unos y otros, pues el gobernante no reuniría su calidad si el pueblo no le concediera su mandato. Dicha dualidad- que es básica por demás- deberíamos comprenderla con conciencia y sentido de pertenencia dado que por la inobservancia de esta es que, diariamente encontramos seres despreciables infestados en el poder del Estado. Si los ciudadanos participáramos a través del control social y de las veedurías, con mayor activismo en los asuntos público

En los últimos días ha tomado relevancia la idea de una posible intervención militar al régimen narco-asesino, comunista y revolucionario del dictador Nicolás Maduro. Los venezolanos   así lo exigen puesto que han sido las principales víctimas de la opresión totalitaria. Los ciudadanos de la hermana república anhelan el retorno del Estado Democrático y ello solo puede garantizarse a través de una operación militar externa, pues no hay otras alternativas para retomar el orden y las libertades políticas, económicas y sociales de los venezolanos.     Al Gobierno Estadounidense intenciones le sobran para proceder en consecuencia, no obstante, previendo las implicaciones de la situación, pues en medio de la crisis aparecerán múltiples superpotencias involucradas tales como la República Popular China, quien recientemente ha brindado un espaldarazo a la dictadura del analfabeta Maduro. Y ello es lo que preocupa a la región, toda vez que no es fácil imaginarse una crisis diplomática en