El voto programático para
alcaldes y gobernadores está establecido en Colombia a partir de la
Constitución de 1991 por un periodo de cuatro años. Así se estipuló y así debe
mantenerse por el bienestar de nuestra democracia. Los electores más que por un
nombre, votan por una propuesta determinada, por tanto, no puede ni debe
modificársele a los representantes que
estos eligen, el término de gestión para ejecutar un programa de gobierno
determinado. Ello además de inconstitucional es arbitrario con los grupos y
movimientos alternativos que esperan integrar una contienda para gobernar.
Además, para todas las regiones y
municipios es positivo que haya constante renovación en sus gobernantes, pues
así se satisfacen con mayor probidad las necesidades ciudadanas que surgen en
medio de la descentralización administrativa. Es por esto por lo que resulta
más que desacertado atornillar en el poder a algún mandatario local o regional.
Y así se traduce porque bien sabemos que, la clave para progresar en las
regiones se presenta cuando contamos con una renovación constante, dado que así
recuperamos la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Por ello, creemos que para
aspectos regionales y municipales un término de cuatro años es más que
suficiente para desarrollar cualquier plan de gobierno. Por ende, no debe haber
opción para prórroga ni mucho menos para reelección. La prórroga es
antidemocrática y la reelección es, sencillamente, descabellada. En nuestra
opinión, reelegir a un alcalde o a un
gobernador es limitar el sano ejercicio del voto programático. Adicionalmente,
de dicha manera incrementaría la corrupción electoral por vía del clientelismo,
favoritismo y compraventa de votos, convirtiéndose la situación en un aliciente
de ilegalidad.
Las regiones y los municipios
demandan progreso social, generación de oportunidades, garantía de derechos
sociales, e incentivos en las actividades económicas agrarias y, esto lo
obtenemos cuando le damos oportunidad a múltiples personas de gobernar. No es
admisible imaginarse en pueblos donde pelechan los cacicazgos y la corrupción
al alcalde de turno enquistado seis años
en el poder. Mucho menos, podríamos imaginar su reelección. ¿Cómo fuera el
clientelismo y la burocracia?
De solo imaginarnos la cacería de
votos y las triquiñuelas electorales nos invade
en dimensiones mayúsculas un escozor descomunal. Por ello, debe
mantenerse el período actual para alcaldes y gobernadores sin modificar las
reglas esenciales de la Constitución y la ley. Ante todo, es trascendental
respetar los baluartes sagrados de la democracia.
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