La política antidrogas del Estado
debe proteger a los consumidores para contribuir con su rehabilitación sin que
medie algún matoneo, repudio, linchamiento o sanción social.
La política antidrogas propuesta
por el Gobierno Nacional resulta sumamente acertada según la realidad que
aqueja a la juventud colombiana. Día a día somos testigos de la infinidad de
jóvenes adolescentes que sufren las consecuencias de recaer en un flagelo
potente que, sin misericordia alguna destruye las vidas, los hogares y las
familias colombianas.
El consumo de sustancias
alucinógenas se incrusta en el sano desarrollo de los jóvenes para arrebatarles
la felicidad, sus sueños, metas, y proyectos de vida. La droga se presenta como
un demonio encubierto de diversión para corroer todos los aspectos positivos de
la condición humana. No puede haber tranquilidad, concentración y superación en
el crecimiento de una nueva generación, cuando esta se encuentra extraviada por
los vicios momentáneos.
Tesis desacertadas proferidas por
la Corte Constitucional tales como la dosis de aprovisionamiento y el libre
desarrollo de la personalidad, nunca debieron constituirse como prerrogativas
para alcahuetear la drogadicción de las personas. En términos simples, lo que
la Corte hizo fue permitirles a nuestros jóvenes perderse en las drogas
alucinógenas bajo ciertos parámetros maquillados de legalidad. Como si consumir
marihuana fuera positivo para la democracia y las generaciones venideras.
¡Habrase visto semejante despropósito!
Por tal razón, debe prohibirse de
tajo en cualquier evento el consumo, pues este es nocivo para los ciudadanos.
Si bien quieren utilizar la marihuana, que lo hagan para efectos medicinales y
con un previo dictamen médico; pero no para el uso personal de los colombianos.
¡Ello únicamente ocasiona desgracias comunitarias!
Ahora bien, es razonable
considerar que cada uno pueda hacer con su vida lo que le plazca hasta el punto
de drogarse, no obstante, no deja de ser indispensable que, el Estado en su
deber de garante haga uso de todas las acciones necesarias para combatir un
flagelo universal, lesivo para la salud pública nacional. Para ello, aunque
curioso, es adecuado que decomisen la denominada dosis personal a quien se la
encuentren. Sin embargo, la política
antidrogas no puede ni debe reducirse a dicho aspecto de manera exclusiva, pues
es menester ejecutar una medida integral, en la que se trate la producción,
distribución y comercialización, combatiendo de manera vehemente el
microtráfico, y el narcotráfico a través de la sustitución y fumigación de
cultivos ilícitos por vía del glifosato.
Asimismo, es importante que el
Estado garantice rehabilitación, regeneración y resocialización a los drogadictos
que anhelan salir de su infierno, pero que no cuentan con las posibilidades
socioeconómicas para hacerlo. Eso sí, sin señalarlos y estigmatizarlos por su
condición mental, pues estos deben ser tratados meramente como potenciales
enfermos y no como criminales deleznables, toda vez que no constituyen un
peligro para la sociedad dado que son apenas las víctimas de quien les ha
proveído alguna sustancia maligna.
En síntesis, el criminal que
comercializa debe ser sancionado y el enfermo que consume debe ser
rehabilitado. No podemos tratar al criminal desaforado como un enfermo
consumidor, ni al enfermo consumidor como un criminal desaforado. El primero es
el culpable de la crisis; el segundo es una simple víctima de la sustancia
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