Las drogas son un cáncer que
debemos derrotar. No puede haber vacilaciones ni indulgencias frente a un
flagelo que, de manera espuria despedaza los cimientos más sagrados de la
condición humana. Para nuestro infortunio,
observamos que la droga destruye hogares, familias, sueños, metas, proyectos,
ilusiones y todo aquello que sea positivo para la vida comunitaria.
La drogadicción es aquel demonio
que corroe el bienestar y la integridad de las personas, pues son pocos quienes
salen bien librados cuando caen en el consumo de drogas. Y ningún ser humano
puede desempeñarse y relacionarse debidamente en la sociedad padeciendo
deficiencias mentales.
Efectivamente, ello es lo que ocasionan las drogas:
enfermedades mentales desastrosas, dado que las neuronas y el sistema nervioso
disminuyen con su idóneo funcionamiento, la capacidad de circulación se estanca
y la energía vital del ser humano se desvanece con alterados comportamientos de
ira, depresión, pereza y desidia. ¡Una realidad preocupante!
Por tal razón, tenemos que apoyar
con vehemencia la política antidrogas planteada por cualquier gobierno, toda
vez que es menester comprender tres aspectos vertebrales.
1. El asunto es de salud pública, por ende, nos compete a
todos en general como integrantes del conglomerado social. La situación no es
de unos ni de otros, porque nos afecta a todos en su totalidad.
2. Dicho flagelo compromete el buen trasegar de la economía
colombiana, pues bien sabemos que el microtráfico y el narcotráfico son
enemigos potenciales de las sanas finanzas, generando de dicha manera
desempleo, corrupción, violencia y alteración en la comunidad.
3. Siendo lo más deplorable, encontramos como día a día
nuestros niños, jóvenes y adultos recaen en vicios negativos que los motivan a
delinquir y a destruir las familias colombianas. Y así aumenta la delincuencia
organizada.
Motivos de sobra para decomisar la
dosis mínima que porte cualquier ciudadano, pues de esta manera contribuimos
con la lucha y evitamos la degeneración de las generaciones venideras. Por
supuesto, teniendo en cuenta, también, que es deber del Estado garantizarles a
los consumidores en su calidad de enfermos mentales, rehabilitación y
resocialización ya que muchos queriendo curarse no cuentan con las
posibilidades socioeconómicas para someterse a un tratamiento.
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