'FAST TRACK'

Sectores allegados al Gobierno Nacional han solicitado a la Corte Constitucional avalar el ‘Fast Track’, legislación rápida y efectiva que le otorga más poder al Ejecutivo y al Legislativo. La idea de los promotores de esta figura es eliminar el proceso de refrendación por considerarlo irrelevante, algo totalmente falso porque este es el garante de la democracia en la medida en que con él se consulta la opinión del pueblo, reflejada en la aprobación o desaprobación del nuevo acuerdo de paz. No es un secreto que pretenden ‘pasarse por la galleta’ a todos los colombianos con el fin de implementar los puntos pactados, supuestamente re-formulados, pero que aún continúan plagados de múltiples desajustes en temas trascendentales como justicia, participación política y desarrollo agrario.

La Corte Constitucional como garante de la democracia y de las instituciones debe denegar dicha petición, ya que no es factible impedirles a los ciudadanos pronunciarse nuevamente sobre un tema de interés nacional. Esto constituye un límite para la población y la misma no tiene por qué aceptar dicha imposición, mucho menos en un evento en el que es inherente la voluntad popular. El argumento de los promotores de este atropello es que “la paz no tiene espera”, razón por la cual sostienen necesario eliminar el procedimiento de refrendación, afirmación que no tiene sentido  porque para construir la misma es fundamental involucrar a todos los sectores de la democracia, sin eludir al pueblo, ya que este es el componente más relevante en un Estado Social y Democrático de Derecho.

El acto más anti-democrático consistiría en limitar a los ciudadanos y ello lo promueve el Gobierno Nacional debido al temor cobarde que siente de ser nuevamente desaprobado. Por ahí dicen que los malos perdedores siempre pretenden eliminar al adversario. Pues bien, ello es lo que promueve el Presidente de la República y los promotores oficiales del ‘SI’: anular a las personas que desaprobaron el acuerdo el pasado 02 de octubre, con el fin de evitar un inminente fracaso. El Fast Track pretende dirigirse directamente al Congreso para que reglamente lo pactado con las Farc, es evidente que dicha implementación será exitosa porque las mayorías en esa corporación son adeptas a la Unidad Nacional y manifestaron su apoyo incondicional.

La única esperanza para evitar semejante conejazo es confiar en la Corte Constitucional, pero ello también está en duda porque está a favor del Gobierno, así que no hay muchas esperanzas para lo que viene. Sólo queda confiar en que la Corte actúe decentemente y niegue la solicitud, de no ser así, no habrán alternativas que puedan evitar las consecuencias que se causarán por haber omitido el pronunciamiento de los ciudadanos. La conclusión de esta situación es que los promotores de este mecanismo son abusivos, y poco o nada les interesa la democracia, es claro que si les interesara la opinión de la población no propondrían la eliminación de la refrendación.

Un acuerdo de paz que no sea consultado por los colombianos, es un cruel acto de exclusión y ello no se corresponde con la escala de valores democráticos necesarios para la convivencia pacífica de la nación. La paz tiene espera, pero el fracaso del nuevo acuerdo no, por ello la finalidad del ejecutivo es eliminar la participación popular. 

La Corte siendo garante de la Constitución y de los derechos fundamentales de todos los colombianos debe obrar de manera independiente, por ello no puede permitir que en un acto pusilánime, el Gobierno nos arrebate a todos los ciudadanos el derecho de participar, si lo permite pondría una vez más en riesgo su integridad.