REFORMA TRIBUTARIA CONTRACCIONISTA

La actual reforma al sistema tributario, puede traer grandes perjuicios sobre la inversión y el empleo. El Gobierno Nacional, pretende organizar sus cuentas y su presupuesto. Ello es acertado, en tanto es su deber legal y constitucional, sin embargo, es un abuso que lo haga a través de una política fiscal contraccionista. 

La organización del presupuesto, jamás puede realizarse a costas de la actividad privada, ya que es esta la que genera empleo, oportunidades y progreso en la sociedad. Atentar contra ella, es reducir el desarrollo socio-económico de la población, lo que conlleva a un potencial retroceso monetario. La industria y la sociedad colombiana, terminarán pagando los costos de la ineptitud del Gobierno Nacional, pues es factible observar que en los últimos años se ha presentado en Colombia, una gran recesión económica, así como múltiples operaciones, encaminadas a perjudicar el sistema fiscal. La afectación a la economía es evidente, y el Gobierno lo sabe, razón por la cual ha tramitado una reforma tributaria contractiva, organizada para captar más impuestos, bajo la excusa de incrementar rentabilidad y sostenibilidad en el sistema fiscal. 

El Mono-Tributo, impuesto a los tenderos, peluqueros, panaderos, y pequeños y medianos comerciantes, es una medida propia de una política fiscal contraccionista, en tanto, se implementó el aumento de la recaudación fiscal, a través de ingresos por impuestos de los ciudadanos. Esta medida atenta potencialmente, contra el pequeño y mediano comerciante, ya que significa en su actividad económica reducción en las utilidades y mayores gastos. Lo anterior, ¿Debido a qué? al mal manejo de la política fiscal del Gobierno Nacional, el cual pretende tapar un déficit que él mismo ha generado, y que supera los 30 billones de pesos.

La principal estrategia de desarrollo económico, debe comenzar por estructurar políticas fiscales expansionistas, las cuales conllevan a aumentos del gasto público, a través de la inversión social e incentivos a las familias y empresas, donde correlativamente, se presenta una disminución en impuestos a los ciudadanos. Esta política es necesaria y fundamental, en cualquier sistema económico, porque genera rentabilidad en las familias para consumir, y disminuye los costos en las empresas, las cuales generan a menores gastos, mayores empleos y productividad.

El Gobierno Nacional, debería implementar una política expansionista, sin embargo, ni que lo intente, porque no hay presupuesto. Razón por la que, ha generado nuevos tributos a pequeños y medianos comerciantes, y, a productos que antes no estaban gravados, y son de alto consumo para la población, como las bebidas gaseosas.  

La mejor estrategia para tapar la corruptela, la ineptitud gubernamental y el déficit fiscal, es captando más dinero de los ciudadanos y reduciendo el gasto público, algo totalmente descarado y abusivo. Nos preguntamos: ¿Por qué la población tiene que pagar el costo de la negligencia de un Gobierno? ¡Claro! Es que no debe ser tarea fácil organizar un déficit que supere los 30 billones de pesos, más aun, cuando fue generado por el derroche gubernamental. Es por ello que, con esta reforma, han reglamentado la manera, de transferirle el costo a la población.