Falsos Positivos fueron las bajas
de los civiles- no beligerantes- cometidos por algunos miembros del Ejército de
Colombia, abusando de la potestad de ejercer, legítimamente, la acción
contundente del Estado. Específicamente, estos asesinatos tenían como objetivo
aparentar resultados militares-operacionales exitosos contra la banda narco
mafiosa Farc- cuando era lo contrario- con el fin de obtener retribuciones de
carácter económico, días de descanso, condecoraciones y atractivos
reconocimientos.
El tema, desde la Responsabilidad
Extracontractual del Estado, ha constituido una falla del servicio, pues la
fuerza pública en ninguna circunstancia puede atentar contra la vida de
personas no beligerantes, ni mucho menos en eventos de inferioridad. El daño
antijurídico a los sujetos fue notorio, dado que no tenían el deber jurídico de
soportarlo. De allí las condenas resarcitorias en contra del Estado colombiano.
Luego, desde la Responsabilidad
Política, resulta un despropósito enorme acusar a las autoridades
administrativas del momento, así como al Gobierno de turno, por tan deplorables
hechos. ¿A quién medianamente inteligente se le ocurre pensar que estos
crímenes de Estado fueron ordenados por el presidente de la república o sus
subalternos? ¿Acaso creen que se trataba de una empresa criminal? Y quienes así
lo consideran: ¿Cuál es el fundamento para sustentar semejante exabrupto?
¿Tendrán cómo probarlo?
Ciertamente, es importante
precisar que, un grupo reducido de militares inescrupulosos abusaron de su
función pública al acribillar a campesinos para hacerlos pasar por terroristas
de alta peligrosidad; sin duda, ello ha sido una actuación degradante. Todos
despreciamos con verticalidad dichas conductas, y sobre ello no hay discusión
alguna. No obstante, lo que no podemos permitir es que la barbarie de unos
pocos comprometa la dignidad de la institucionalidad, es decir, del Ejército
Nacional y del Gobierno de turno. Una cosa no tiene que ver con la otra. Al
pan, pan, y, al vino, vino. Así de sencillo.
Debemos precisar dos cosas: La
primera, muy elemental por demás; las responsabilidades penales son
individuales, de tal suerte que, los crímenes de militares macabros no
comprometen la dignidad de la institución como tal, ni mucho menos al gobierno
de aquella época, dado que el exceso de unos cuantos no configura ni puede
configurar la responsabilidad de otros. La segunda, que no es tan elemental
como la primera, pero básica como la que más, consistente en que el trabajo
bajo presión es una condición sine qua non propia de los militares de vigoroso
entrenamiento y alto rendimiento.
Lo antecedente quiere decir que,
la presión de los altos mandos del gobierno sobre las fuerzas militares para
obtener resultados óptimos es el conducto regular en cualquier política de
seguridad de Estado. De hecho, aquel es el deber inherente en un Estado de
Derecho.
En otros términos, no es una
camisa de fuerza tener que acribillar campesinos y disfrazarlos de terroristas
para mostrar los resultados solicitados, porque la función natural del Ejército
Nacional es cumplir, cabalmente, con lo requerido por el presidente de la república
en calidad de comandante en jefe de las FFMM. En este orden de ideas, la
presión por los resultados es el deber de la autoridad administrativa. Y no hacerlo
constituye una grave falta, así como una omisión a sus funciones
constitucionales.
Por ello, resulta inaceptable,
cuando menos risible, que algunos expertos en restar y dividir vengan a decir
que los falsos positivos son responsabilidad directa del Gobierno de turno,
dado que aquel era vertical al exigir resultados. Si ese fuese el razonamiento,
los altos funcionarios del ejecutivo central no podrían exigir- en ningún
evento- un accionar contundente a las FFMM bajo el pretexto de evitar la comisión
de falsos positivos. ¡No señores, así no es la cosa!
El panorama es claro: Quien en el
ejercicio de su función pública infrinja la ley, debe ser sancionado con
absoluto rigor. Tal cual, los militares responsables por los falsos positivos
han sido condenados, con plena severidad, por la jurisdicción ordinaria.
Actualmente, hay militares purgando condenas de 25 y 30 años de prisión por
ejecuciones extrajudiciales. Y muchos de esos casos están en curso en la
Fiscalía General de la Nación a fin de lograr reparación a las víctimas y
evitar impunidad.
La situación va por su cauce. De
allí la impertinencia del parapeto de la JEP; tribunal diseñado por la mísera
izquierda para exculpar los crímenes de Farc y condenar a quienes,
históricamente, los han combatido sin ambages. A decir verdad, es despreciable
que la JEP arroje en sus comunicados improperios cargados de odio, tendientes a
mancillar la honra y el buen nombre de las personas.
En vez de semejante majadería,
¿Por qué la JEP no nos cuenta cuál era la finalidad de permitir la fuga del
bandido Santrich? Quien, dicho sea de paso, atenta y conspira actualmente
contra Colombia bajo el auspicio de los mafiosos de Venezuela.
¿Por qué la JEP no nos cuenta
cuántas caletas tiene actualmente las Farc sin entregar? No han dicho nada
sobre el particular.
¿Por qué la JEP no nos cuenta
cuántos casos existen de niños y jóvenes que fueron reclutados y masacrados por
las Farc ante la negativa de enfilar la subversión? No han dicho nada sobre el
particular.
¿Por qué la JEP no nos cuenta
cuántos casos existen de niñas que fueron violadas y obligadas a abortar con
métodos salvajes? Tampoco han dicho nada sobre el particular. ¿Por qué no le
cuentan al país la verdad sobre los interrogantes que he formulado?
Finalmente, es menester recordar
que los falsos positivos son un problema de Estado, no de Gobierno, puesto que
los mismos datan de 1988, en el mandato de Virgilio Barco. Adicionalmente, en
el gobierno de Cesar Gaviria también se presentaron falsos positivos.
Verbigracia, los policías que se asociaban con la mafia para asesinar a otros
policías honestos. Peor aún, en el Gobierno de Samper donde se presentó la
deplorable alianza criminal entre los Rodríguez Orejuela y la administración
nacional para hacer de las suyas. De la misma manera, no ha habido mayor falso
positivo que el “acuerdo de paz” del Gobierno Santos, pues se desmovilizaron
unos pocos, pero siguieron delinquiendo, en mayor medida, muchísimos otros.
¡Ah, pero qué sorpresa!:
¿Aquellos no les parecerán falsos positivos, cierto?
El doble rasero es el ADN de la
JEP. Y en tanto sea así, la institucionalidad de Colombia correrá un riesgo
descomunal.
Jamás lo olviden: ¡Un tribunal
parcializado es peor que una banda criminal!
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