La política social tiene dos
acepciones: la primera, desde el ámbito académico, que nos sugiere que esta es
una disciplina de la ciencia política. La segunda, desde la perspectiva
práctica, la cual sugiere que se trata de una intervención política.
Conjugando ambos conceptos, es
factible colegir que la política social está dedicada a estudiar- desde una
perspectiva teórica- e intervenir públicamente, a nivel estatal- desde una
perspectiva práctica- en los efectos materiales e inmateriales del desarrollo
inequitativo de las sociedades actuales, las cuales son industrializadas y
urbanizadas.
Luego, para ahondar en el
objetivo concreto de esta columna, debemos precisar que, la política social
como ciencia normativa y como actividad política- siendo aquella su doble
dimensión- presenta una misión fundamental, consistente en atender los tres
principales fines de la acción social contemporánea. Estos tres fines son: la
justicia material, el bienestar social- formal y el orden social- normativo.
Estos fines legítimos se
concretan como principios positivizados de la norma de normas, es decir, en la
constitucionalización y en la protección de los derechos sociales consagrados
en la Constitución Política. Aquellos derechos sociales, gozan de basta
protección legal, empero, la mayoría de ellos carecen de eficacia, o, en otros
términos, adolecen una regulación utópica excesivamente incontrolable que
reclama un constante desarrollo por parte de las autoridades administrativas.
Es acá donde identificamos el
problema global de la política social: infinidad de gobernantes han creído
inequívocamente que el desarrollo y la garantía de los derechos sociales se
satisface mediante la consagración de disposiciones normativas, descuidando el aspecto
más importante para ello: la actuación razonable y ponderada destinada a
generar las condiciones que faciliten el desarrollo de la empresa privada, la
inversión extranjera y la apertura de pequeños, medianos y grandes
emprendimientos nacionales e internacionales.
De nada vale contar con normativa
legal, principios constitucionales o jurisprudencia para enmarcar tendiente a
“garantizar” la expansión de la política social, si los gobernantes de turno no
despliegan con eficiencia, eficacia y efectividad las acciones oportunas y
pertinentes para alcanzar dicho cometido. En materia de política social resulta
ineficaz la normatividad que regula la misma, principalmente cuando las
decisiones de quienes ostentan el poder no van en consonancia con las realidades
del territorio.
Ciertamente, lo que nos debe
quedar claro es que expandir la política social implica vincular esta con el
desarrollo de la empresa privada, la inversión extranjera y el incentivo de
emprendimientos de todo tipo y en todos los niveles, tanto más, cuando son
potenciales generadores de empleo formal.
El crecimiento económico va
ligado- directamente- a la generación de empleo formal; y quienes mejor pueden
generar este tipo de empleo son aquellos ciudadanos capaces de crear empresas
vigorosas.
La fórmula es sencilla: Empresas vigorosas más generación de empleo formal es igual a crecimiento económico exponencial, tendiente a satisfacer los derechos sociales esenciales para los seres humanos. Aquel que cuenta con empleo de calidad podrá acceder con mayor certeza a derechos como salud, educación y vivienda de calidad. Esto es lo que denominamos expansión de la política social.
Es cierto que los subsidios
solidarios para atender a los más vulnerables son indispensables a fin de
garantizar amparo y protección general. Aunque, no es menos cierto que la
generación efectiva de crecimiento económico se presenta en la medida en que
sea factible consolidar un escenario propicio para el desarrollo de la empresa
privada y la inversión extranjera. Aquella tendría que ser la tarea de
cualquier gobierno contemporáneo dado que el tema no es de normas, decretos,
principios o jurisprudencia, sino de promoción de acciones para consolidar a
corto y mediano plazo expansión en la política social.
La inversión social también juega
un papel trascendental, pero sabemos que aquella se queda corta si no es
entrelazada con el apoyo a las iniciativas privadas que contribuyen al
crecimiento económico de la nación. El tema no radica exclusivamente en que el
Gobierno invierta en garantía de derechos sociales, sino también en que luego
de generar las condiciones propicias para crecer, los particulares (nacionales
y extranjeros) puedan aportar al desarrollo y al bienestar del Estado mediante
sus iniciativas privadas.
Comentarios
Publicar un comentario