La política fiscal es una disciplina de la política
económica que se encarga de fijar la regulación del gasto público, esto es, el
ingreso y el egreso de un Estado según su presupuesto. Pero, para hablar de
política fiscal primero debemos dar una breve concepción sobre qué es una
política económica. La política económica es el conjunto de medidas, acciones y
decisiones administrativas, que asume cada gobierno dentro de un ámbito
específico de la economía.
Es así como comprendemos que las políticas fiscales están
íntimamente ligadas con la política económica que traza un Estado, sin ser
excluyentes entre sí. Luego, las políticas fiscales se dividen en dos: política
fiscal expansiva y política fiscal contractiva. Ambas tienen sus beneficios y
pormenores.
La política fiscal expansiva propende por un aumento del
gasto público y una disminución en los impuestos o una combinación de ambas. Lo
cual puede ser negativo porque un Estado que se limita a gastar sin generar un
equilibrio proporcionado con el recaudo, incurre fácilmente en la quiebra.
Cuando se gasta irresponsablemente sin percibir ingresos, el
resultado se traduce en el colapso económico-productivo. Y ello es generador de
una inflación enorme, plenamente nociva para los ciudadanos. Por otra parte, no
sería factible garantizar, mínimamente, los derechos sociales indispensables
para la humanidad, puesto que careciendo de un ingreso público apropiado y
atendiendo las reglas de la lógica económica, ni la salud, educación, vivienda
o recreación podrían financiarse a fin de satisfacer las necesidades de las
personas.
Empero, la política fiscal contractiva es la antítesis de la
anterior, dado que propende por la disminución del gasto público y el
incremento de los impuestos. Lo cual también es negativo, pero en dimensiones
mayúsculas porque, el Estado no puede ni debe asfixiar a los ciudadanos con una
carga tributaria encumbrada. No es proporcional que se disminuya el gasto
público para subir impuestos a los pequeños y medianos empresarios, a la clase
media, y, a los menos favorecidos.
Esto paraliza la calidad de vida, el emprendimiento, la
rentabilidad y productividad de las empresas, la libre inversión y la
generación de empleo, toda vez que se trata de una medida que golpea
fuertemente a todos los sectores del Estado.
Para el desarrollo armónico de algún país consideramos
inconveniente aplicar una política u otra- expansiva o contractiva- de manera
exclusiva, porque, observamos que ambas pueden ser nocivas para la democracia.
No obstante, sí es idóneo y factible echar mano de ambas conjuntamente, para
que confluyan los aspectos positivos.
¿Cómo lograrlo? En primer lugar, debe generarse un equilibrio
racional entre el gasto público y los impuestos, de manera que los recursos
invertidos para expansión de la política social sean consonantes con lo
recaudado.
En segundo lugar, deben priorizarse las necesidades
esenciales de los ciudadanos, a fin de asignar mayores recursos para
funcionamiento y cobertura de programas sociales, garantizando satisfacción,
amparo, bienestar, y protección.
En tercer lugar, debe fortalecerse la labor de la Dian para que las empresas de mayor poder adquisitivo paguen los impuestos que les corresponde, sin hacerle el esguince a la norma. Es vital eliminar exenciones tributarias innecesarias a fin de mejorar el recaudo necesario para el desarrollo de derechos sociales como salud, vivienda, y educación.
En cuarto lugar, deben eliminarse entidades innecesarias del
Estado a fin de disminuir gastos de funcionamiento. La liberación de aquellos
recursos permitirá la consolidación de la política social.
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