Dentro del malsano ejercicio de
lo público debería ser un deber moral de los políticos colombianos asignar
parte importante de su salario para la elaboración y ejecución de obras
sociales, principalmente en la coyuntura del postcovid. Así mediríamos dos
aspectos: el primero, la verdadera vocación de servicio y solidaridad con la
que debe contar un servidor público, y el segundo, la supuesta transparencia de
la que algunos se ufanan. Y es que en un país como el nuestro en el que abundan
los politiqueros de profesión, resultaría inaudito que uno de ellos se
atreviera a meterse la mano al dril para contribuir con el bienestar social de
los colombianos. Empero, observamos paradójicamente como los corruptos se
apropian del dinero del erario, bien sea a través de repudiables sobrecostos,
jugosas comisiones de la contratación estatal o simples coimas burocráticas.
Traemos esto a colación porque en
Colombia los corruptos se roban entre $22 y $24 billones anuales, al mes $1.8
billones y diariamente más de $64 mil millones de pesos. Cifras abruptamente
alarmantes. ¿Logran ustedes dimensionar el nivel de descomposición social al
que hemos llegado? El problema es que acá se roban el país entero, pero nunca
pasa nada.
Como si fuera poco, el flagelo de
saquear las arcas del Estado es cada vez mayor, y, la raíz del asunto surge
desde las regiones del país. En municipios de quinta y sexta categoría los
corruptos hacen de las suyas, atornillando en la administración a sus amigotes
para apoderarse del grueso de la contratación pública. Luego, esta penosa
dificultad se presenta en territorios a los que nadie llega y la mayoría de
colombianos desconoce, pues ello es lo que los convierte en caldo de cultivo
para el atraco del erario. Verbigracia, vale la pena mencionar la situación de
Barbosa, un municipio ubicado al norte de Antioquia en el que los últimos dos
alcaldes (2012-2015 y 2016-2019) fueron capturados por desfalcar el presupuesto
del municipio. Un bandido reemplazó al otro. ¡Qué vergüenza!
No siendo menos grave, vale la
pena mencionar la degradante realidad que padecen algunos municipios de Córdoba
y Sucre, así como muchos de la Guajira en donde se hacen al poder rateros de
cuello blanco a fin de alimentar su espurio patrimonio. Y así llevamos más de
60 años.
La pregunta es: ¿Hasta cuándo
tendremos que soportar a los rateros de lo público?
Es por lo antecedente que,
consideramos obligatorio, oportuno y más que necesario participar a conciencia
de las contiendas electorales; con responsabilidad y sentido de pertenencia. El
problema es que, muchos que se autodenominan ‘líderes sociales o comunales’, se
dejan comprar con cualquier migaja que les ofrecen y, en tanto esto ocurra,
todo continuará empeorando.
Las reglas de la experiencia nos
han mostrado que quien enajena su conciencia se condena a la hambruna o a la
miseria. Vaya error el de algunos cuando deciden vender por tres pesos su
sufragio o su liderazgo a un politiquero de turno que les llegará a robar.
Que no les quepa la menor duda:
¡En tanto sigamos así, no habrá cambio porque llegarán los mismos a hacer de
las suyas!
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