La justicia espectáculo es un
asunto de vieja data en Colombia, pues la necesidad incesante de protagonismo
desmedido de las autoridades judiciales no ha tenido límites morales, ni mucho
menos normativos. Sujetos inescrupulosos han hecho lo que les place, en tanto
abusan de las potestades conferidas por sus cargos.
Infortunadamente, esto ha
ocurrido no sólo en el aparato jurisdiccional, sino también en otras
instituciones de suma relevancia para la democracia colombiana. Verbigracia, la Fiscalía General de la
Nación, institución que padeció un sesgo desmesurado, como quiera que su
penúltimo fiscal fue un repugnante bandido con agenda política cuya ética
profesional estuvo, siempre, plagada al servicio de los más oscuros
intereses.
Ese burdo periodo en la Fiscalía
General (2012-2016) de ingratísima recordación para la historia colombiana, se
caracterizó por el pillaje de un fiscal que estaba al servicio politiquero del
gobierno de turno. Aquel fiscal llamado Luis Eduardo Montealegre y su lacayo
segundón llamado Jorge Fernando Perdomo, corretearon a través del macabro
ejercicio de sus cargos a sus más férreos opositores; ello, siguiendo las
órdenes de Juan Manuel Santos, pues nunca cesaron por parte de la fiscalía las
persecuciones consumadas en contra de sectores políticos adversos a las
intenciones corruptas del exmandatario.
En aquella época, el entramado
criminal que se organizó en la Fiscalía General fue obsceno, toda vez que allí
involucraron a todo tipo de sujetos, incluyendo a periodistas de bolsillo como
Natalia Marlene Lizarazo Tocarruncho, entre otros, quienes fueran los
beneficiarios de multimillonarios contratos adjudicados a dedo por Montealegre
para que estos mantuvieran una buena imagen de la institución que él
reiteradamente corrompía con sus repugnantes actuaciones. Sobre ello siempre
nos hemos preguntado: ¿Por qué sobre las irregularidades en dicha contratación
pública no han investigado los presuntos crímenes de Montealegre?
No siendo menos grave, vale la
pena recordar el montaje asesino que organizaron en 2014 (segunda reelección
presidencial financiada con dinero mafioso de Odebrecht) para aniquilar el buen
nombre y la moral del candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, el cual fue
presuntamente orquestado por Juan Manuel Santos y avalado por Eduardo
Montealegre. También nos preguntamos: ¿Por qué sobre este burdo montaje no han
investigado los presuntos crímenes de Santos y de Montealegre? ¿Cuál es la
respuesta de Montealegre ante su presunta complicidad en este crimen? ¿Por qué
no le responde al país?
Adenda: En vez de andar señalando
con el dedo acusador, Eduardo Montealegre tiene que responder a la opinión
pública, al menos, por los dos cuestionamientos que en este espacio le he
realizado. Hasta ahora no lo ha hecho, entonces: ¿Con qué autoridad moral acusa
a quienes tienen el coraje de confrontarlo? Reza un adagio popular que, el
ladrón juzga por su condición.
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