Vamos muy mal en materia de
justicia; el asunto ha hecho metástasis. Hemos manifestado en reiteradas
ocasiones que los políticos bien pueden enloquecerse, pero un juez en el
ejercicio de sus funciones jamás, dado que, ello implicaría el padecimiento de
situaciones repudiables para los administrados. En efecto, ello es lo que
estamos presenciando porque la coyuntura es, realmente, nauseabunda.
Estas últimas semanas hemos
observado múltiples decisiones cuestionables provenientes del aparato
jurisdiccional, que vale la pena mencionar para mirar lo mal que estamos.
En un primer momento, nos
enteramos como un juez de la república dejó en libertad a un pedófilo que fue
candidato al Concejo de Bogotá acusado de acceso carnal a un niño de trece
años. Lo grave es que el elemento probatorio permitía inferir más allá de toda
duda razonable la responsabilidad del sujeto, por unas conversaciones entre
este y el menor, y por un vídeo sexual grabado. Dicho sujeto está libre y
claramente es un peligro efectivo para la sociedad. ¿Qué pasó ahí?
En un segundo momento, sufrimos
con el homicidio de Juan Sebastián Medina, una criatura indefensa de siete
meses que fue abortada por su madre en esa entidad asesina llamada Profamilia
bajo la complicidad de un juzgado de Popayán. El niño estaba sano, la madre
también, el padre quería tenerlo y la criatura no fue producto de alguna
violación. ¿Por qué avalaron su muerte? ¿Por qué no ha pasado nada al respecto?
¿Por qué Profamilia ejecutó dicho crimen? ¿Por qué no le dieron el niño al
padre que quería tenerlo, criarlo y formarlo?
En un tercer momento, luego de lo
antecedente y como si fuese un repudiable chiste, observamos a un magistrado de
la Corte Constitucional avalando el aborto libre hasta los tres meses de
gestación, cuando científicamente sabemos que ese término ya existe una
criatura en medio de su formación. Claro está que lo que pretende el magistrado
es legalizar una cruel matanza. ¿Qué tal que la madre del magistrado que
propone legalizar el aborto hasta los tres meses, lo hubiera abortado a él?
Seguramente no estaría hoy ese sujeto elaborando dicha propuesta, porque para
hacerla debió gozar esa gran fortuna de nacer. ¡Qué paradoja!
En un cuarto momento, no siendo
menos grave, conocimos que el Cartel de la Toga infestado en la Corte Suprema
de Justicia, tiene todavía la facultad de nombrar a sus esbirros para
consolidar las persecuciones judiciales en contra de todo aquel que no piense
como ellos. Y este es el caso del tristemente célebre Hugo Quintero Bernate, un
pupilo y recomendado del bandido José Leónidas Bustos, quien comercializó sus
fallos durante su paso por el alto tribunal. Quintero Bernate es, de lejos, un
sujeto que carece de imparcialidad y autonomía; dos principios básicos para
administrar justicia. Contrario sensu, reluce por su exacerbado sesgo
ideológico, el cual manifestaba en la cuenta de Twitter que tuvo que cerrar
para soslayar una merecida sanción social.
En reiteradas ocasiones he
advertido que lo malo no son los tribunales, pero las personas que integran los
mismos sí y mucho. El poder judicial es, constitucionalmente, autónomo de los
demás poderes, lo que quiere decir que no pueden ni deben obrar en política,
sino única y exclusivamente en Derecho.
¿Reunirá el señor Quintero
Bernate las cualidades necesarias para impartir justicia en Derecho y no en
política? Las reglas de la experiencia nos demuestran lo contrario. Sus
posiciones políticas toman partido frente a infinidad de temas y ello
inexorablemente comprometería las garantías de los investigados que tienen
convicciones diferentes a las suyas.
No dudamos que Quintero Bernate
representaría a la denominada justicia espectáculo que tanto daño le ha hecho a
la democracia y a las instituciones; dicha justicia siempre ha estado motivada
por aspiraciones políticas. Su modus operandi radica en filtrar en los medios
de comunicación el sentido de sus pretensiones, para ambientar sus ilegítimas
decisiones. ¡Algo ligeramente bochornoso!
Argumentos nos sobran para
calificar a nuestra justicia de soez ¿O no?
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