La ola de violencia azota a las
regiones colombianas y la acción contundente del Estado parece desvirtuada. No
obstante, algunos aciertos militares, todavía es indispensable fortalecer,
sólidamente, la lucha frontal contra el crimen organizado.Y así debe ser porque los
bandidos se pasean como Pedro por su casa, los grupos ilegales se fortalecen de
manera descomunal, la ‘pillería’ se apodera de los municipios, y el
narcotráfico crece sin parar.
Las denominadas “disidencias” de
las Farc, no son más que las mismas Farc, en su conducto regular: asesinan,
extorsionan, traquetean, secuestran, y ejecutan todo tipo de vejámenes contra
la población colombiana. Bien estimó el General Luis Fernando Navarro,
comandante de las fuerzas militares, al manifestar que por unos 2.700 hombres
está integrado ese brazo criminal. La situación es preocupante, porque allí se
suman los genocidas del ELN, quienes, se fortalecieron desde el año 2010 por
consecuencia de la negligencia del Gobierno de turno. A ellos también hay que
derrotarlos en un bloque de suma verticalidad.
Y así es porque el combate debe
dirigirse, implacablemente, frente a dos grupos terroristas de alta
peligrosidad que, amenazan el orden y la estabilidad institucional. No puede
permitirse, bajo ningún pretexto, que la subversión continúe floreciendo en
estas tierras fértiles: hay que cortarla de raíz y la única vía es por medio de
la fuerza institucionalizada. Y es que, ante semejante caos, no hay otra
opción: el menester democrático radica en neutralizar a los genocidas, para
garantizarles paz a todos los ciudadanos colombianos.
Por lo antecedente, es de vital
importancia que el Gobierno Nacional, incremente de manera proba su pie de
fuerza, en regiones como el Catatumbo, Arauca, Cauca, Meta, pero, principalmente,
en el Bajo Cauca Antioqueño y en el Sur de Córdoba, donde se fortalecen de
manera desconsiderada bandas criminales sumamente cobardes- por su accionar-
como el Clan del Golfo y los denominados Caparrapos; estos últimos,
supuestamente, disidentes de los primeros. Allí se disputan el botín por la
minería ilegal, por la extorsión y el narcotráfico. Entretanto, han asesinado a
importantes líderes de la región sin que ocurra absolutamente nada. La
impunidad, hasta ahora, ha imperado. ¡Algo inadmisible!
Pero, para ser exactos, en
Córdoba y en el Bajo Cauca Antioqueño- territorios agrícolas indiscutiblemente
prósperos en su sistema productivo- pelechó la violencia durante más de 40
años, toda vez que no hubo presencia institucional, pues los grupos ilegales se
tomaron el territorio para hacer de las suyas, intimidando a la población.
Allí, acribillaron a líderes, empresarios, ganaderos, y políticos sin la más
mínima compasión. Y nunca nadie hizo algo. Todos estaban permeados de temor.
Ahora, será que el Gobierno Nacional, ¿permitirá que suceda lo mismo otra vez?
No creemos que así sea.
Por ello, ante la precariedad de
la coyuntura actual, es que la acción contundente del Estado no puede tambalear
ni claudicar, con su ápice de rigor debido. La fuerza y la legitimidad para
garantizar el bienestar social deben prevalecer ante cualquier amenaza, porque
no existe criminal que pueda atemorizar a una región. La regla general es que
el temor lo sientan ellos, como asesinos repudiables, y no los ciudadanos de
bien, que trabajan por la sociedad. Por tal razón, deben tomarse todas las
medidas necesarias, que garanticen la neutralización de los bandidos.
Históricamente, hemos comprobado
como los criminales desfallecen cuando los combaten sin misericordia, ni
consideración. Allí, de inmediato pierden vigor, y su causa se surte plenamente
ineficaz. Empero, ocurre lo contrario, cuando las autoridades son dóciles en su
accionar.
Nuestro mensaje es claro: deben
organizarse varios bloques de la fuerza pública. El primero, debe ir dirigido a
desbaratar a los disidentes de las Farc y a los Elenos. El segundo, debe
despedazar a las bandas criminales del Clan del Golfo y Caparrapos. Solo así se
podrá erradicar dicho flagelo. De no hacerlo, continuaremos con lo mismo.
Además, hay que asignar mayores efectivos que militaricen el Sur de Córdoba y
el Bajo Cauca Antioqueño, dado que, hasta ahora, no lo han hecho. La población
aclama por protección, y el Gobierno debe obrar con prontitud frente a dicha
amenaza terrorista- criminal. ¡Es una obligación atender la solicitud
ciudadana!
Nuestras fuerzas militares y de
policía gozan de magno rigor y por ello no pueden desfallecer en la labor. Aun
contamos con tiempo suficiente, para obrar en consecuencia. ¡Ya es hora de
enfrentar con coraje y gallardía a esa maligna criminalidad!
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