Durante más de una década hemos
escuchado constantes criticas a la política criminal colombiana dado que la
misma ha sido una colcha de retazos de los gobiernos de turno, pues hasta tanto
no se ha implementado como una medida estructurada, encaminada a prevalecer en
el tiempo para prevenir el crimen. A nuestro juicio esto se presenta por
innumerables vacíos, pero principalmente por tres deficiencias.
Miremos…
En primer término, existen
ambigüedades con los datos sobre los índices de criminalidad y del sistema
penitenciario. Se ha visto que en reiteradas ocasiones el Estado no brinda
certeza y precisión sobre la información de las cifras de criminalidad y del
sistema carcelario. Y ello se traduce en un resultado negativo dado que cuando
no hay conocimiento veraz sobre las cifras, se torna imposible implementar una
política criminal que funcione correctamente dentro del conglomerado. La
precariedad es enorme y esto es precisamente lo que obliga a los organismos
competentes a improvisar sobre los índices proporcionados a la comunidad.
Cuando la información es difusa e incoherente, no hay seguridad jurídica que
pueda garantizar el buen funcionamiento del sistema penal acusatorio.
En segundo término, encontramos
que las cifras sobre la criminalidad son diversas no solo por su inexactitud,
sino también porque generalmente las entidades que arrojan estos estudios son
diferentes. Por tal motivo, tienden a efectuar estudios diversos, incompletos,
flojos y amañados según sus posturas personales. Se presenta abrupta subjetividad
en una situación que merece todo lo contrario: imparcialidad y objetividad en
el análisis. Pues se han conocido múltiples casos de académicos que requieren
cifras veraces para realizar investigaciones de campo sobre la criminalidad y
el sistema carcelario en Colombia, pero cuando pretenden obtener datos reales,
encuentran todo lo contrario, o en el peor de los casos ni obtienen la
información requerida. Motivo por el cual les toca interponer derechos de
petición o en su defecto acciones de tutela innecesarias.
Esto no debería ser así, porque
dicha información debe proporcionársele a cualquier ciudadano de manera
sencilla a través de la creación de una plataforma tecnológica basada en la era
digital. Hay que evitar los tramites innecesarios según lo dispuesto en el
decreto 019 de 2012 conocido como ley anti-trámites. Infortunadamente, en la
práctica ocurre lo contrario.
En tercer término,
constituyéndose aquel como el más degradante, hemos observado que la política
criminal ha sido un foco de improvisación de los gobiernos de turno
colombianos, ya que siempre se han tomado medidas repetitivas y represivas,
carentes de estructura y argumento jurídico-empírico. Esto se presenta porque
las normas son reformadas constantemente sin efectuar estudios previos que
determinen indicadores serios sobre los desaciertos y los posibles correctivos
frente a estos.
Ahora bien, en dos puntos ¿Qué
tratamiento podemos inicialmente brindarle a esta problemática?
Primero: Es indispensable darle
fin a las ambigüedades sobre los datos de criminalidad a través de un único
organismo que se encargue de regular exclusivamente el asunto. De tal manera
que, solo sea este quien se concentre en efectuar dicha labor con el fin de
brindar seguridad y certeza sobre los índices de criminalidad en Colombia. Una
vez contemos con esto es fácil tomar cartas en el asunto para reducir la
criminalidad de manera potencial. De lo contrario, la política criminal seguirá
siendo imprecisa, inexacta y, sobre todo, ineficaz.
Si queremos combatir a la
criminalidad en su totalidad, no sólo es necesario contar con una fuerza
pública organizada sino también con un sistema de datos sólido que nos permita
evidenciar empíricamente el número real, y las causas del crimen. Además, a
través de dicho sistema podremos proporcionarles a los ciudadanos toda la
información requerida sin que deban acudir a otros mecanismos como el derecho
de petición o la acción de tutela, para obtener la información.
Segundo: Es prioritario que los
gobiernos establezcan un dialogo idóneo entre academia y ciudadanos para
identificar los problemas comunes sobre el asunto. No basta con hacer uso de
argumentos cantinflescos, tales como “para reducir la criminalidad solo debemos
tener determinación para enfrentar a los criminales” pues ello a toda luz se
queda corto, según la coyuntura nacional. Debemos buscar soluciones aterrizadas
y ello lo logramos con la participación de la academia, quien se encargará de
brindarle estructura y argumento jurídico a la situación determinada. De tal
manera que, toda reforma que pretenda adelantarse por los gobernantes no sea
por consecuencia de su libre arbitrio, sino por la aprobación de los verdaderos
conocedores del asunto: los académicos.
Solo así podremos en el
transcurso del tiempo, consolidar una efectiva política criminal que sí sea de
Estado y no del gobierno del momento. De lo contrario, continuaremos decayendo
cada vez más en este aspecto. Teniendo en cuenta que, en nuestra opinión,
consideramos relevante lo anteriormente mencionado por cuanto sabemos que
existen otras formas de lograr soluciones efectivas.
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