LOS MALIGNOS DE LA JEP

En ocasiones previas, hemos advertido la parcialidad notoria de los magistrados de la JEP: un cardumen de farianos de escritorio provenientes de la extrema izquierda, integrantes de la mermelada contratista- clientelista del Gobierno Nacional. En su mayoría, se trata de personajes nefastos que aborrecen todo aquello que provenga de las ideas de centro derecha, debido al extremismo inocuo de sus funestas toldas políticas. No obstante, debemos reconocer que de los 38 magistrados titulares y de los 13 suplentes, hay cuatro o cinco que reúnen las calidades necesarias. Los restantes son más de lo mismo. Frente a algunos de ellos nos referimos posteriormente en esta columna, con especial detenimiento. No sin antes advertir, nuestra visión desoladora, en la medida en que, la función notarial de dicho tribunal especial, constituye la garantía de persecución absoluta que requieren, necesariamente, los cabecillas de las Farc para anular, moral, social y políticamente a los contradictores representativos del acuerdo de paz. Además, no es un invento descabellado que dicho sistema tiene como objetivo prioritario, sentar ante unos funcionarios politizados a personajes de la vida pública nacional que, por sus posturas frente a la subversión, representan una efectiva amenaza para las exigencias de las Farc. Todo está dado para exculpar de los crímenes de lesa humanidad a los jefes de la revolución, y, por ende, facilitarles el acceso al poder estatal.

En reiteradas ocasiones, lo hemos mencionado. Hoy, en este espacio, una vez más: históricamente, un tribunal para apoderarse de la justicia y aniquilar a los adversarios, ha sido el abrebocas de los farianos que, anhelan infligir sus malignas corrientes en cada Estado determinado. Y de antemano, les cuento que no es una afirmación amañada la que emitimos; fíjense ustedes como Mao en China, los Castro en Cuba, y Chávez, Maduro en Venezuela- máximos proponentes de dicha corriente- iniciaron el debacle a la miseria, cooptando arbitrariamente la función de la rama jurisdiccional, como estrategia eficiente de eliminación a sus adversarios. No es una falacia, señores, esto se trata más bien, de una realidad irrebatible que pretenden ocultar mientras logran su cometido, porque de no alcanzarlo, prepárense para soportar la respuesta violenta del grupo criminal. ¿Cómo no preocuparnos?

Para efectos de darle veracidad a lo mencionado, expondremos esta semana y la próxima, una especie de retrato de algunos de los más tenebrosos miembros del Tribunal Especial para la Paz.

En primer lugar, encontramos como integrante del Tribunal Especial a Rodolfo Arango, un activista político que fue candidato al Senado por el Polo Democrático en las elecciones de 2014. El cual, ha expuesto sus inclinaciones políticas en varias oportunidades a través de su cuenta de twitter, en la que se ha referido al expresidente Uribe como ‘responsable de crímenes de lesa humanidad’, sin tener elementos de juicio para hacerlo. Imagínense a este tipo revestido con la potestad de administrar justicia, fabricando falsos elementos probatorios para fregarle, por capricho propio, la vida a un exmandatario. ¿Qué jurisdicción puede impartir un sujeto que temerariamente acusa a un expresidente de Estado de ser asesino?

En segundo lugar, encontramos a Jesús Ángel Bobadilla Moreno, quien ha sido abogado defensor de las personas acusadas de lavado de activos a favor de las FARC, alegando la “inocencia” de los mismos. Por su ejercicio profesional está plenamente sesgado y parcializado. ¿Bajo qué criterio acusará a los integrantes de las Farc?

En tercer lugar, encontramos a Sandra García Gamboa Rubiano, integrante del grupo de abogados activistas de la izquierda José Alvear Restrepo (CAJAR) organización cercana al Senador, Iván Cepeda, y al representante del Polo democrático, Alirio Uribe. Es una de las abogadas que ha representado a las presuntas víctimas de las interceptaciones del DAS en procesos contra el expresidente Uribe. A su vez, es co-partidaria del falso recolector de testigos, Iván Cepeda.

En cuarto lugar, encontramos a Ana Caterina Heyck, abogada que ha trabajado en temas relacionados con el proceso de paz; asesora del Gobierno y del comisionado Sergio Jaramillo. Ha sido negociadora en el proceso con el ELN. Fue contratista del Gobierno Santos e integrante de la fiscalía general de Eduardo Montealegre, perseguidor infundado del uribismo.

En quinto lugar, encontramos a Claudia López Díaz, esposa de Eduardo Montealegre, perseguidor infundado, que no tuvo reparo en hacer política al interior de la fiscalía general. Adicionalmente, adjudicó contratos a dedo a Natalia Springer- alias ‘la Tocarruncho’, una anti-uribista pura sangre.

En sexto lugar, encontramos a Alejandro Ramelli Arteaga, fiscal delegado de derechos humanos durante la administración de Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre. ¡Vuelve la burra al trigo, ya podrán imaginarse!

En séptimo lugar, encontramos nada más ni menos que a Yesid Reyes Alvarado, férreo defensor del acuerdo de paz, y servidor del Gobierno Santos a través del Ministerio de Justicia. Fue el arquitecto de la JEP, siendo un reconocido litigante. Se ha visto deteriorado por la excesiva simpatía con el Gobierno de turno. ¿Cómo es posible que integre dicho tribunal? ¿Más parcializado para dónde?

En octavo lugar, encontramos a Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez, contratista del Gobierno Santos a través del Centro de Memoria Histórica. Ha promovido desde el inicio una labor propagandista al acuerdo de paz. ¿Qué sabrá este figurín de administrar justicia? ¿Acaso, ser conocedor de historia le otorgará calidades para ejercer jurisdicción?

En noveno lugar, encontramos a María del Pilar Valencia, abogada abanderada de procesos relacionados con derechos de las comunidades indígenas y asesora en la Unidad de Víctimas del Gobierno Santos. Otra enmermelada más del régimen.

En décimo lugar, encontramos a Catalina Díaz Gómez, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia entre 2012 y 2017. Durante el transcurso del proceso de paz, fue consultora en asuntos de justicia transicional en entidades como el Pnud, y el Centro Internacional para la Justicia Transicional. Ha sido otra de las tantas enmermeladas irracionales del Gobierno Nacional. Quién sabe si con todos esos recibimientos del régimen, no padecerá una diabetes aguda.

Hasta este punto, hemos llegado a la cereza del pastel…el recién nombrado fiscal de la JEP: un señor llamado Giovanni Álvarez Santoyo; declarado enemigo de las fuerzas militares. No tuvo reparo en ofrecer su cargo de fiscal de derechos humanos, al servicio de la extrema izquierda para que los soldados fuesen condenados, desestimando arbitrariamente, innumerables elementos probatorios tendientes a demostrar la inocencia de los procesados. Un sujeto que además de ello, gozará de facultades omnímodas para ordenar interceptaciones, incautaciones y detenciones preventivas a quien quiera, cuando quiera y, como quiera. Ahora bien, ¿Cuál es la imparcialidad de este tribunal? ¿No se les parece esto a un sistema de vencedores-vengadores similar al de los juicios de Núremberg? ¿No serán malignos, para la democracia, estos integrantes de la JEP?

Que cada quien forme sus propias verdades. Sin embargo, acá les dejo la inquietud. ¡Analícenlo!

ADENDA # 1: Los reparos sobre la JEP de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, son alarmantes para el Gobierno. La intervención de dicha Corte en Colombia sería una potencial causal de descrédito ante los organismos internacionales. De razón están apurados.

ADENDA # 2: Santos viajó a Canadá para obtener recursos públicos, ya que, acá los despilfarró de manera grotesca. Todo por complacer al grupo de farianos. Pueda ser que allá no le copien con su cuento chimbo.

ADENDA # 3: El proyecto de Santos de evitar la judicialización de los cocaleros, es el camino a la legalización de la coca. Seguiremos siendo el paraíso de las drogas; seremos los náufragos del polvo blanco.

ADENDA # 4: ¡Qué se va a volar alias “el paisa”! Con tan atractivos beneficios ni el más tonto se fuga. Tal vez, lo haría si lo quisieran extraditar, pero, ya es un hecho que no pagará un solo día cárcel.