Desconcertante lo que padece
actualmente nuestra rama judicial, al presenciar la mayor manifestación de
miseria acontecida recientemente en la Fiscalía General de la Nación con el
fiscal anti-corrupción corrupto y en la Corte Suprema de Justicia con dos
magistrados vendidos. La situación es deplorable, porque no se comprende cómo
Luis Gustavo Moreno llegó a ejercer dicha dignidad, ni mucho menos cómo logró
armar un entramado criminal con dos reconocidos magistrados, que sin pudor
alguno, se prestaron para ello.
Escándalos anteriores en la Corte
Constitucional, en el Tribunal del Meta y ahora en la Corte Suprema, resultan
suficientes para deducir que el déficit corrupto se ha tomado el sistema en su
totalidad; no hay credibilidad en las instituciones y, lo peor, es que hasta
ahora no hay quién se preocupe por proponer una reforma de fondo a todo este
desastre. Particularmente, considero que el sistema mejoraría si el mismo se
reformase de fondo a través de una modificación estructural que permita
despolitizar la elección de magistrados y la postulación a cargos relevantes,
verbigracia como el que ostentaba Luis Gustavo Moreno.
Los colombianos que, por razones
obvias, anhelamos un sistema jurisdiccional serio, imparcial e independiente,
concebimos en la actualidad que ello no es más que una burda utopía. ¿Si en las
altas esferas los magistrados de las Cortes no tienen reparo en vender fallos
de tutelas, aceptar sobornos y prevaricar, qué podemos exigirles a los jueces
de inferior jerarquía que esperan en algún momento acceder a tan magnas
dignidades?
Estas crisis no son para nada
agradables, pues es inconcebible desde cualquier punto de vista que nuestros
más altos dignatarios del Estado tengan la osadía de incurrir en actos de
corrupción. Es una burla de los mismos frente a la democracia, por tal razón,
es que merecen ser castigados con total implacabilidad. Los señores Luis
Gustavo Moreno, Leónidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino
defraudaron la integridad del aparato jurisdiccional, y ello no lo debemos
pasar por alto; el país debe memorizar sus nombres y señalaros incansablemente
para que sujetos semejantes se abstengan de incurrir en los mismos actos.
Como dije en un artículo
anterior, considero apropiada la decisión de extraditar a Luis Gustavo Moreno,
pero teniendo presente que dicho acto debe estar condicionado a que manifieste
previamente todo lo que sabe, pues de lo contrario, los colombianos nunca
conoceremos la verdad del reciente escándalo. A este señor hay que exigirle que
diga toda la verdad, no para que obtenga beneficios legales, sino para que nos
permita capturar a todo aquel que esté inmerso en esta misma situación.
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