Hace algunos días observamos la primer controversia suscitada por la
denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); la misma que cuenta con
innumerables desbarajustes en materia de impartición y administración de
justicia debido a la ambigüedad en sus finalidades y disposiciones. El problema
presentado se produjo por la solicitud que realizó el ex-ministro de Protección
Social- Diego Palacio Betancourt- consistente en la posibilidad de que su
situación jurídica fuese tramitada por la JEP.
Dicha petición fue el talón de Aquiles para ocasionar un potencial mal
entendido, y, por ende, un desbordado enfrentamiento entre el ex-presidente
Uribe y Néstor Raúl Correa- secretario de dicha jurisdicción. Claro, no era
para menos, cuando de manera negligente e irresponsable el secretario Correa,
manifestó vehementemente en importantes medios de comunicación que el
ex-ministro en virtud de la petición para acogerse a la JEP, había reconocido
la comisión del tipo penal de Cohecho por dar u ofrecer, con miras a obtener la
reelección de su jefe político.
Lo realmente cómico del asunto es que, Néstor Raúl Correa obró de manera
burda y pretendió- con la intención de ‘lavarse las manos’- culpar a los medios
de comunicación por haber publicado semejante afirmación; afirmación que surgió
de su infinita indelicadeza para manejar un asunto de vital importancia en la
opinión pública nacional.
Sin embargo, ello no constituye un eximente de responsabilidad para que
medios de comunicación tan “independientes y ponderados” como: Semana, El
Espectador, El Tiempo, El Colombiano, La W-Radio, El País, entre otros, hayan
titulado sin verificar con seriedad y ápice de rigor, la veracidad de la noticia
anunciada. Pues, no solo han quedado como unos notables ineptos, sino que,
además han demostrado su excesiva parcialidad, y porque no, mediocridad, que en
el caso concreto, manifestaron al momento de des-informar. De esta manera, no
solo resulta culpable el negligente secretario de la JEP, sino también todos y
cada uno de los medios anteriormente mencionados.
Ahora bien, frente a la actuación del ex-ministro Palacio, es menester
afirmar que la solicitud en ningún momento supone la aceptación de la conducta
típica, sin embargo, la misma daría lugar a interpretar extensivamente que sí
se efectúo la comisión del delito toda vez que resulta desproporcionada y está
fuera de contexto, debido a los argumentos que aduce el peticionario para
obtener lo solicitado.
Es totalmente absurdo que Palacio sostenga que se incurrió en el delito
de Cohecho por ofrecer notarías, con el fin de obtener la reelección necesaria
del ex-presidente Uribe para finalizar la guerra, ya que, con dicha afirmación,
no reconoce expresamente la realización del tipo penal, pero si acepta
tácitamente abrupta corrupción para reelegir al jefe del Gobierno al que
sirvió, y ello en estricto sentido, es lo mismo que reconocer la conducta
típica, jurídicamente relevante.
Es dañino que muchos puedan interpretar la situación de esta manera,
pero inexorablemente ese ha sido el riesgo creado por el ex-ministro con los
argumentos de su petición. Particularmente, siempre he creído en la buena fe
del Gobierno-Uribe; lastimosamente no he sentido lo mismo con algunos de sus
funcionarios.
Finalmente, hay que tener en cuenta que no son claros los objetivos
propuestos por la JEP, en la medida en que, no sabemos si habrá o no impunidad;
es necesario replantearla, o en su defecto, derogarla. Por lo pronto, debemos
mencionar que dicha jurisdicción, incluso con infinidad de discordancias, no
está hecha para solucionar conflictos provenientes de la corrupción, sino
situaciones que surgen exclusivamente del conflicto armado.
Así las cosas, según lo solicitado por Palacio, no debería aplicar la
medida, ya que, en su manifestación es evidente que se presenta una situación
generada por posibles actos de corrupción, pero no por el prolongado
enfrentamiento armado.
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