Errada la posición del Gobierno al considerar que las deficiencias de
este país se solucionan otorgando exceso de concesiones sin organizar un
verdadero proceso de paz; según la situación, más que soluciones, auguro
infinidad de desgracias para la estructura estatal y el bienestar de la
población. Comencemos por mencionar que dicho proceso estuvo mal enfocado,
porque se le entregó mucho a la guerrilla sin exigirle nada a cambio. En
realidad, el Gobierno Nacional se preocupó más por complacer los deseos de un
grupo de insurgentes- que no desean algo diferente que acceder al poder-
ignorando la voluntad de los colombianos que se manifestaron negativamente ante
el mamotreto pactado en la Habana. A
estas alturas es posible afirmar que, el “proceso de paz” de 7 años no fue un
verdadero proceso, sino una simple desmovilización de un grupo de sujetos que
desearon durante más de 50 años acceder a las mieles del poder a través del
narcotráfico, el genocidio, el secuestro, y la extorsión. Infortunadamente, el
Gobierno accedió, y ahora estamos en presencia de una delincuencia triunfante.
Particularmente, luego de hacer un gran esfuerzo, debo confesar que he
aprendido a soportar la idea de que los cabecillas de las Farc no irán a la
cárcel, asimismo que accederán al Congreso de la República. Ya no hay nada que
podamos hacer, sin embargo, es claro que en
la actualidad pertenecer al Congreso no es un honor, sino un sacrifico
que muchos no están dispuestos a asumir porque no es honorable ser miembro de
una constelación de eunucos. Por el contrario, es un nefasto desprestigio. Lo
que no hemos podido soportar es la idea de que pretendan entregarle a las Farc,
el sistema jurisdiccional, a través de la jurisdicción especial, que no es más
que un mecanismo establecido por la guerrilla para exculparse de los crímenes
cometidos, con el fin de corretear a todo aquel que se oponga a la doctrina
comunista revolucionaria. Por otra parte, no soportamos ni nos parece factible
que pretendan tramitar una ley de tierras tendiente a despedazar la propiedad
agrícola privada para favorecer a las Farc. Ello, tal vez, es lo más
perjudicial para el desarrollo económico de una nación que, depende
directamente del campo.
Tampoco resulta admisible, concederle infinidad de emisoras a las Farc
para que profanen obligatoriamente una ideología manchada de sangre y terror.
Mucho menos cuando la población los aborrece y no los desea escuchar ni en el
más mínimo espacio. Del mismo modo, nos oponemos a que accedan a subsidios que
son reales, aun cuando al principio, a quienes denunciamos nos trataron de
mentirosos. Creemos que los subsidios se les deben conceder a los colombianos
decentes en condiciones de vulnerabilidad para poder subsistir, así como a los
pequeños y medianos comerciantes para emprender su actividad económica, pero no
a un grupo criminal que cuenta con infinidad de narco-dólares. Como es sabido,
los cabecillas no devolverán parte del dinero obtenido con el narcotráfico, por
lo que consideramos, deberían utilizar el mismo para repartirlo entre sus
subalternos rasos, evitándole semejante carga financiera al Estado. Pero es
claro que no lo harán porque parte de lo negociado bajo cuerda, implica la
accesión al poder y a los beneficios, conservando sus mal habidas fortunas.
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