CORTE CONSTITUCIONAL: USURPADORA DE LA DEMOCRACIA

Astronómico acto de torpeza el de la Corte Constitucional al avalar el ‘Fast Track’ ignorando su propia jurisprudencia. No hay adjetivo que pueda describir dicha actuación, no solo ha perdido su integridad, sino que sentó un desagradable precedente, consistente en la usurpación y abolición de la democracia. Es indignante que tengan la desvergüenza de anular el pronunciamiento de más de seis millones de colombianos que se manifestaron en contra de unos acuerdos plagados de concesiones y permisiones a un grupo criminal que no se ha comprometido con la paz, y que únicamente está detrás del poder estatal.

La Corte ha demostrado estar ‘enmermelada’ porque no debió ser gratis  contradecirse a sí misma e ir en contra de lo que ya había pronunciado, sin más ni más, ello es un absurdo acto de incoherencia, y una gran manifestación de vaciedad, por decir lo menos. Ahora bien, ¿Qué habrán recibido los ilustres funcionarios a cambio de ello? Ahí les queda en la conciencia, si es que tienen, por lo pronto a nosotros los colombianos el tiempo nos lo dirá. La realidad es que nuestra democracia está perdida por cuenta de este ‘Honorable’ tribunal creado en 1991, el cual ha traído espléndidos disgustos y decepciones a la democracia.

He manifestado en diversos espacios la vergüenza que me producen todos y cada uno de los magistrados que la conforman, en realidad muchos de ellos, unos más que otros, no merecen ser calificados de ‘juristas’, porque se trata de una palabra sagrada que no merece ser pisoteada atribuyéndosela a cualquier espectro. Los acuerdos de la Habana fueron impuestos a la brava debido a la aprobación del ‘Fast Track’, la encargada de salvaguardar la constitución, las instituciones y los derechos fundamentales de los colombianos, se arrodilló y acobardó con la presión del régimen central, ahora no hay esperanza para ninguno de los que creímos en el respeto del pronunciamiento popular manifestado el pasado 02 de octubre. 

En un artículo anteriormente publicado- el cual se puede observar en el siguiente enlace: http://www.bajolamanga.co/post/opinion/fasttrack- advertí el caos que podría generar la aprobación de este mecanismo, esperemos que el pueblo enfurecido no produzca un protuberante caos social, de ser así las consecuencias serán nefastas. 

Con esta decisión, la Corte pasará a la historia como una institución acomodada, a la cual no le importó ignorar lo que legítimamente el pueblo rechazó; sin embargo, el único magistrado que tuvo coraje para defender la democracia fue Luis Guillermo Guerrero, al votar negativamente; gran acto de coherencia y consecuencia, es el único funcionario digno de ese tribunal. Actualmente en Colombia, no hay justicia independiente e imparcial, sino un conglomerado jurisdiccional de  mermelada gubernamental. El Gobierno de los jueces ha derrotado arbitrariamente la voluntad popular, se trata de una pelea entre David y Goliat: La desventaja es abismal, con el privilegio de que ello no es algo indiferente para ningún sujeto.

Primaron los intereses políticos sobre la instituciones, y la Corte ha perdido totalmente su mediana credibilidad, no es adecuado interpretar las leyes y normas a favor del Gobierno actual, mucho menos cuando el mismo ha sido vehementemente deslegitimado por la población. La condición sine qua non para implementar los acuerdos era la refrendación popular, así las cosas, es una trampa intolerable que modifiquen la regla después de que el mismo fue desaprobado. Razón tenía el cuestionado Pretelt cuando afirmó que si se iba él, también se debían ir todos. Hasta el momento ha sido lo más sabio que he escuchado, al parecer no era el único que podía ser fácilmente sobornado, sino también cada uno de los togados.  

ADENDA: El Consejo de Estado ha proferido el peor exabrupto de la historia, ¿Con base en qué argumento afirma que los promotores del ‘NO’ engañaron con su campaña a los colombianos? Nadie puede ser tan ingenuo de pensar algo así, toda vez que el pueblo se manifestó voluntariamente, y la desaprobación fue notoria; nadie logra enredar a 6.424.385 ciudadanos. Buena reacción la del Centro Democrático al anunciar la interposición de las respectivas acciones legales.