Una empresa criminal dirigieron los señores Francisco
Ricaurte y José Leónidas Bustos mientras fueron magistrados de la Corte Suprema
de Justicia. Se trata de dos sujetos que se caracterizaron por ser potenciales
mercaderes y vendedores de sus actuaciones; de esta manera, nunca tuvieron
pudor alguno para arrebatarle de la peor manera, la dignidad a la justicia.
Llegaron a la Corte Suprema por cuotas burocráticas, se
hicieron elegir a sabiendas de ser abogados del montón, profesionales básicos
como cualquier otro, con el agravante de que todas sus vidas se rigieron por la
carencia de ética. Sin embargo, el escándalo que presenciamos actualmente en
nuestra rama judicial, para algunos, veía venirse desde que ese par de sujetos
fueron elegidos para integrar el alto tribunal.
Un cartel al más alto nivel de la justicia fue montado,
orquestado, y organizado por Francisco Ricaurte, nunca antes en la historia de
estas corporaciones se había observado semejante adefesio. El ejercicio de la
magistratura es desde la antigua Roma una función magna y sagrada, del mismo
modo lo era en la actualidad colombiana, no obstante, ello ha mutado debido a
la politiquería jurisdiccional. Es reprochable desde cualquier punto de vista
lo acontecido, no es admisible ni tolerable. El rechazo debe ser vehemente.
Es positivo el castigo para Ricaurte, así sea negativo para
la nación, pues la única manera de recuperar medianamente la dignidad
arrebatada es imponiendo una sanción que contenga total severidad. José
Leónidas Bustos, también será próximamente sancionado. Lo que sí resulta
extremadamente negativo es que Gustavo Malo, actual magistrado de la Corte
Suprema se rehúse a renunciar a su cargo, ya que, no solo debería retirarse del
mismo, sino también confesar todo lo que sabe. No comprendemos como el cinismo
se tome la condición humana de una persona, hasta tornarla sumamente
despreciable: ese es el caso de Gustavo Malo; un sujeto a quien le causa honor
glorificar el significado de su apellido.
Sin olvidar a Camilo Tarquino, un ex-magistrado básico y
plebe que, no tuvo reparo en encubrir al criminal Alejandro Lyons, actual
prófugo de la justicia por el saqueo inminente al departamento de Córdoba. Con
todo esto, ¿Quién puede tener elementos para creer en la justicia? La solución
es muy clara: hay que sancionar implacablemente a todos estos mercaderes de la
justicia, y exigirles la reintegración del dinero mal habido, por demás. Solo
así podremos recuperar el honor que han usurpado sujetos netamente
despreciables.
Es imperdonable que hayan torpeado expedientes para
beneficiar a una lista de bandidos. Ya es hora de castigar a quienes han
defraudado tan magnos sacramentos jurisdiccionales.
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